martes, 20 de octubre de 2009

Canal 7 LO PAGAMOS TODOS: "Una violación a la ética periodística"

Por G. Noriega
Poco puedo agregar a la nota escrita ayer por Bazán sobre la emisión de un video anónimo en canal 7. Retomo el tema en esta columna porque es algo sobre lo cual todo periodista debe tomar posición.


Es poco lo que puedo agregar a la nota escrita ayer por Osvaldo Bazán sobre la emisión de un video anónimo en el canal 7. De hecho, sólo puedo ser redundante con la misma y el motivo por el cual retomo el tema en esta columna es porque creo que es algo sobre lo cual todo periodista debe tomar posición. Se trata de una violación a la ética periodística muy elemental y si, por acción o por omisión, se la avala, se estaría acompañando una falta gravísima en el ejercicio de la profesión. Un canal de televisión no puede emitir un video anónimo con cámaras ocultas que intenta desacreditar a una persona, sea quien sea. Todas las circunstancias que rodean el caso agravan esa simple e irrefutable consideración.

En primer lugar, es especialmente preocupante que el precario y tendencioso video haya sido emitido por el canal 7. No hay aquí coartadas respecto de lo que es negocio o rendidor en términos de rating. Si la televisión pública no sirve para elevar los estándares éticos y estéticos de sus competidores, no sirve para nada. El silencio de Tristán Bauer y del resto de las autoridades del canal es tan expresivo como el aval explícito de Grondona a Maradona por sus insultos. Es, en última instancia, responsabilidad del canal haber emitido el libelo.

En segundo lugar, es gravísimo que la víctima del video sea un periodista que escribe columnas de opinión opuestas al accionar del Gobierno, como es el caso de Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación. En ese caso, la televisión pública no sólo apela a los recursos más miserables sino que además lo hace contra quienes considera sus enemigos políticos. El canal 7 no funciona, entonces, como la televisión estatal sino que se convierte en una herramienta ilegal de difamación.

En tercer lugar, es extraordinariamente preocupante que la emisión del video haya sido realizada a pocos días de sancionada la ley de medios. Como primera señal del oficialismo respecto de su relación con la prensa bajo el nuevo panorama legal es aterradora. Si ésta es la discrecionalidad con la que el Gobierno manejará los poderes que le otorga la nueva ley, estamos en serios problemas.

En cuarto lugar, me resulta personalmente penoso que la emisión del video haya sido en el programa 6,7,8, realizado por la productora PPT, para la cual trabajé durante años. Me consta que la productora hizo siempre un culto de la libertad de sus periodistas para expresarse, aun en contra de sus propios programas. En este caso, sin embargo, no se trataba de emitir el video y después condenarlo. Si se emite el video se es cómplice, bajo cualquier circunstancia en que se lo presente. Si los periodistas que conforman el panel se quedan durante la emisión del video, son cómplices, digan lo que digan después. Se trata, en la práctica, de una coproducción de lo que parecen ser los servicios de información con PPT, con todo lo que eso implica. l
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